Once empresas europeas, promotoras, fabricantes y entidades financieras, con inversiones en el sector renovable, han unido fuerzas para firmar una declaración en la que piden que se tomen medidas para proteger las inversiones y asegurar un flujo sostenible de capital competitivo a largo plazo en la UE. Las empresas aliadas son Acciona, Allianz, CommerzBank, EDP Renewables, Enel Green Power, ERG Renew, E.ON, Gamesa, HgCapital, Rabobank y RES.
Según la declaración, “los inversores no tienen más remedio que esperar a que haya una estabilidad regulatoria a largo plazo para instalaciones de energía renovable. Por lo tanto, cualquier cambio en la regulación debe ser concertada, no retroactiva, no discriminatoria, y evitar las lagunas legales que socaven la seguridad de los inversores”.
Dos son las medidas que se proponen para promover la inversión:
- Introducir un mecanismo para la solución de diferencias independiente de los tribunales nacionales y consagrado en el Tratado de la UE que proteja contra la expropiación, la discriminación y la violación de la confianza legítima
- Integrar un principio de derechos adquiridos en la Directiva de Energía Renovable de 2020 para evitar cambios retroactivos y garantizar la viabilidad económica de los activos existentes
El sector de las energías renovables ha vivido muchos ejemplos de drásticos cambios de política desde el año 2011. Desde los cambios de aranceles de forma retroactiva para las inversiones existentes, hasta cambios políticos bruscos y retiradas de apoyo a proyectos en construcción o desarrollo en varios países europeos, como España, Rumanía, la República Checa, Grecia, Italia, Finlandia y Polonia. La falta de respuesta de la UE en estos casos ha llevado a los inversores a presentar demandas legales en los tribunales nacionales, y en arbitrajes internacionales (en este último apartado, España está a la cabeza, con 25 procesos abiertos).
Los impactos de estos cambios políticos han minado la confianza de los inversores en los estados miembros destinatarios y han producido impactos significativos en la economía. Los ingresos de los activos eólicos en España se redujeron más del 25% como resultado de los cambios normativos introducidos con carácter retroactivo en 2013.
Por el contrario, Alemania y Reino Unido, los países que han rechazado expresamente cambios retroactivos en los activos existentes, han atraído la gran mayoría de las inversiones, lo que resulta revelador. Entre enero de 2011 y junio de 2016, los dos países representaron el 67% de la inversión total de la UE en energías renovables.
En ausencia de instrumentos válidos para abordar los derechos de los inversores y las cuestiones relacionadas con la protección de la inversión a nivel europeo, los inversores se han visto obligados a recurrir al arbitraje internacional y los tribunales no europeos (en particular, en el marco del Tratado sobre la Carta de la Energía) para proteger sus derechos.
La Carta de la Energía es, a día de hoy, una herramienta valiosa y sus principios básicos protegen a los inversores frente a la discriminación, la expropiación y la violación de la confianza legítima en materia de inversión. Sin embargo, se limita a los inversores transfronterizos.
Las empresas firmantes creen que es imprescindible que exista un mecanismo que refleje estos valores y derechos de aplicación en la UE. Por ello proponen a la Unión Europea que haga frente a las preocupaciones de los inversores en la Directiva de Energía Renovable de 2020 a través de un principio de derechos adquiridos en el diseño de los mecanismos de apoyo a las renovables. Esto debería garantizar la viabilidad económica de los activos y salvaguardar las expectativas legítimas de los inversores de cara a cambios no previstos en los regímenes reguladores nacionales.
Para leer la Declaración firmada por las once empresas para solicitar la protección de inversiones en renovables, pincha aquí.
