La eólica española aplaude el ambicioso acuerdo sobre el clima de París y pide a los partidos un marco estable que le permita cumplir su parte

El acuerdo sobre el clima alcanzado por 195 países el pasado sábado en París es una gran noticia. Entre los objetivos que se han fijado la mayor parte de los gobiernos mundiales, figura el aumentar los flujos financieros para conseguir un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, lo que sin duda acelerará la transformación del sector energético y supondrá que las inversiones en renovables se multipliquen.

Más de 70 países, entre los que no se encuentra España, se han marcado objetivos específicos de potencia eólica a instalar en los próximos años. Entre ellos están desde países tan relevantes como China hasta pequeños como Burkina Faso.

El acuerdo será bueno para el medioambiente y para la economía. La eólica es la tecnología que resulta más barato instalar hoy en día, por lo que está llamada a jugar un papel fundamental en esta transición energética. Y la eólica española sabe que tendrá mucho que decir, al ser uno de los líderes globales: las compañías de nuestro país son propietarias del 10,5% de toda la potencia eólica instalada en el Planeta (40.000 MW). La industria eólica con manufactura en España ha fabricado el 12% de los aerogeneradores y componentes eólicos del mundo (nuestro país es el tercer exportador mundial). Y las empresas eólicas dan empleo a unas 90.000 personas en el mundo, con lo que han generado el 9% del empleo eólico global.

Para cumplir el objetivo de que el calentamiento global no supere los dos grados y llegar a los 500.000 millones de dólares anuales en inversión en renovables hasta 2020 que Irena, la Agencia Internacional de las Energías Renovables, considera necesarios para ello, es fundamental contar con marcos regulatorios estables y a largo plazo en los diferentes mercados.

En el caso español, es importante que, tras las elecciones del 20D, el Gobierno dé con rapidez los pasos para que en nuestro país se instale energía eólica con garantías de seguridad jurídica y visibilidad de cara al futuro. A corto plazo, eso pasa necesariamente por eliminar la posibilidad de que el Gobierno pueda modificar la rentabilidad de las inversiones cada seis años y por establecer un calendario de subastas al menos hasta 2020. A largo, por firmar un Pacto de Estado de la Energía entre todos los partidos que garantice la estabilidad del sector y le permita contribuir a los objetivos alcanzados en París en la medida que le corresponde.