¿Cumplirá España los objetivos europeos de consumo renovable en 2020? La Reforma Energética se lo pone difícil

Después de un año 2013 excepcional, en el que el viento y la lluvia han llevado la cobertura de la demanda con renovables a niveles récord y en el que se ha registrado el consumo de energía final más bajo desde el año 2000, no ha sido difícil que España se situase en el buen camino para cumplir los objetivos comunitarios de implantación de renovables de cara a 2020. Ahora bien, a seis años de 2020, ¿será posible mantener esa tendencia y llegar a cumplir el objetivo de que el 20% del consumo proceda de fuentes renovables? La respuesta, casi con toda seguridad, es que no.

El motivo es doble. Por un lado, la recuperación económica va a traer consigo un aumento de la demanda de electricidad. Por otro, la Reforma Energética y la inseguridad jurídica que lleva aparejada van a impedir que aumente la inversión en renovables en general y en eólica en particular. La confluencia de ambos factores impedirá que se cumplan los objetivos, que son vinculantes.

Y será una lástima, porque hasta la fecha las cosas se han hecho bien. En España podemos estar orgullosos de la Ley 54/1997 que, junto a la EEG alemana que puso en marcha su famosa energiewende, ha sido la principal herramienta regulatoria que ha encaminado a Europa hacia su transición energética y medioambiental. En los casi 17 años que han pasado desde la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico, vigente hasta el pasado diciembre, España ha conseguido convertir sus recursos energéticos renovables en la principal fuente autóctona de energía, pasando de proveer el 6,2% de la energía primaria necesaria para hacer funcionar el país hasta el 14,2% de  2013.

Sin la ley 54/1997, España estaría ahora importando esos 186.000 barriles diarios equivalentes de petróleo, en forma de crudo, gas y carbón.  En total, 15 millones de euros ahorrados al día en términos de energía primaria.

En el caso de la tecnología eólica española, que produjo el 52% de la energía primaria hecha realidad gracias a la LSE del 1997, el país tiene unas cuantas ventajas más:

• El viento se transforma directamente en electricidad, el vector energético imprescindible para hacer funcionar la sociedad.
• No se tiene que transportar en metaneros, cargueros, petroleros, oleoductos, gasoductos, ferrocarriles, camiones…
• No se tiene que quemar, por lo que no genera CO2, NOx, SOx, partículas…
• No se pierde más del 50% de la energía en la combustión.
• No consume agua (ni para extraer el recurso, como es el caso de ciertos combustibles fósiles no convencionales, ni necesita vapor para mover turbinas, ni agua para enfriar las calderas).
• Gracias el sector industrial eólico desarrollado a raíz de la ley, España exporta tecnología eólica cada año por un valor de más de 2.000 millones de euros.

Sin duda, la ley del sector eléctrico 54/1997 ha dejado un imponente legado energético, económico, industrial y medioambiental para el país. Ahora toca hacer una adecuada gestión del mismo. Pero la Reforma Energética recién puesta en marcha no recoge el guante. En vez de gestionar adecuadamente lo hecho, penaliza a las renovables, y perjudica especialmente a la eólica. E incluso pone en entredicho ese objetivo vinculante europeo de alcanzar un 20% de energía renovable para 2020. Una lástima.