La Comisión Europea dice que el Gobierno no debería tomar medidas que supongan “un trato desfavorable para la eólica”

“Ninguna medida dirigida al sector energético español debería suponer un trato desfavorable para los proyectos eólicos u otros sectores renovables o saltarse el principio del que contamina paga”, señala Philip Lowe, director general de Energía de la Comisión Europea, en una carta a la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

El pasado verano, la Asociación envió una carta a Lowe llamando su atención sobre los nuevos impuestos sobre la generación que entonces barajaba el Gobierno y que hoy conforman el proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética.

Lowe, que asegura que comparte las preocupaciones del sector eólico, aunque también comprenda la necesidad del Gobierno de atajar el déficit de tarifa, dice que la Comisión Europea cree que “se necesitan más acciones para asegurar los mecanismos de apoyo en los estados miembros, con el fin de eliminar distorsiones y desarrollar eficientemente las renovables, haciendo que los sistemas de apoyo sean menos vulnerables a las intervenciones de los gobiernos”.

En este sentido, señala que la Comisión prepara unas directrices sobre buenas prácticas y experiencias en sistemas de incentivos de renovables para ayudar a conseguir una mayor consistencia en las aproximaciones nacionales y evitar la fragmentación de los mercados internos.

Asimismo, asegura que la Comisión sigue atentamente lo que está ocurriendo en España con las políticas sobre renovables y que evaluará si “es necesario o apropiado” tomar acciones al respecto desde la Unión Europea.

El comisario de Energía, Günther Oettinger, se pronunció en unos términos semejantes el mes pasado, en respuesta a la carta enviada a instancias de AEE por parte de la Asociación Eólica Europea (EWEA). En su respuesta, el Gabinete de Oettinger reconocía que es importante solucionar el problema del déficit de tarifa español, pero a su vez recomendaba que no se tomasen medidas retroactivas y que se evitasen las políticas de Stop-Start (como la moratoria española, aunque no la menciona expresamente).