La Comisión Europea lleva a Irlanda a los tribunales por incumplir la regulación sobre renovables. ¿Será la próxima España?

La Comisión Europea ha llevado a Irlanda al Tribunal de Justicia de la UE por no haber traspuesto al completo la Directiva de Energías Renovables, que tiene como principal objetivo que el 20% de la electricidad que se consuma en la UE en 2020 sea de origen renovable. La Comisión propone una multa de 25.447,5 euros diarios (que sumarían 763.425 euros al mes y 9,16 millones al año).

“Es esencial que todos los países miembros implementen la legislación sobre energías renovables. Las renovables son vitales para la seguridad de suministro y para el crecimiento económico europeo. Son fundamentales para mitigar el cambio climático”, ha dicho el comisario de Energía, Günther Oettinger.

Si la Reforma Energética del Gobierno sale adelante como ha sido planteada, es muy posible que se vulneren algunos principios de la regulación europea sobre renovables. De hecho, la Comisión Europea (CE) ha hecho públicas sus  Pautas para la intervención de los gobiernos en el sector eléctrico, documento en el que establece una guía de buenas prácticas en torno a los sistemas de apoyo a las energías renovables en los diferentes países con el fin de alcanzar los objetivos energéticos de 2020 y de cara a la puesta en marcha del mercado eléctrico único europeo en 2014. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) comparte los criterios establecidos en los documentos publicados por la Comisión y considera que la reforma energética del Gobierno español contraviene un gran número de directrices de Bruselas, por lo que debería ser revisada.

En concreto, la Comisión Europea ratifica su apoyo a la existencia de sistemas de apoyo transparentes que fomenten las tecnologías de generación limpias y basadas en recursos autóctonos, como la eólica. Asimismo, indica que  los sistemas de apoyo deben ser estables y respetar las expectativas legítimas sobre la rentabilidad de las inversiones realizadas, por lo que recomienda a los gobiernos que eviten cambios retroactivos, como el que se plantea en España.

Bruselas recomienda el establecimiento de compromisos legales a largo plazo para garantizar la estabilidad de las inversiones. En la regulación española anterior, tanto en el Real Decreto 661/2007 como en el Real Decreto 436/2004, ya existían estos compromisos legales que garantizaban que en ningún caso se modificaría la retribución para las instalaciones en marcha, un principio que ha sido dinamitado por la reforma energética. Ésta introduce además revisiones de la retribución a tres años.

Esta misma semana, Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, ha dicho en su discurso ante  Business Europe que “en el largo plazo, lo que determinará el futuro energético de Europa es nuestra capacidad para seguir liderando las renovables, la tecnología verde y la eficiencia energética”. Precisamente, el camino contrario al que está tomando España.